El 8 de agosto, la Generalitat de Cataluña adjudicó algunos de los más importantes concursos para suministrar servicios de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) de su administración. La noticia más destacada fue que Vodafone arrebataba a Telefónica el servicio de telefonía móvil, lo que supone ganar a su segundo cliente en importancia en España, sólo por detrás de la junta de Andalucía, que aporta 35.000 líneas a Vodafone. En el caso de Cataluña, las cifras son algo inferiores y menos claras, ya que algunas fuentes las cifran en 24.000 líneas y otras en 19.000. Se trata, en cualquier caso, de cifras apabullantes las de los contratos móviles en entes autonómicos en estos momentos de rigideces presupuestarias y déficits desbocados.
El macrocontrato. Pero más allá del morbo de la batalla comercial entre los dos grandes de la telefonía móvil en España, o de si las administraciones autonómicas podrían funcionar con menos móviles, se produjo otra adjudicación en este proceso que pasó más desapercibida y que podría tener un importante interés estratégico.
Telefónica se adjudicó un macro contrato para construir una red de fibra óptica para dar servicio a múltiples organismos, dependientes de la Administración catalana. Se trata de una red de 80.000 kilómetros de tendidos de fibra óptica en la que se dará servicios a una velocidad mínima de 100 megas. Y los edificios que quedarán conectados además de las propias y numerosas sedes administrativas son escuelas, institutos y universidades, centros de salud, polígonos industriales y centros de investigación e innovación. En total, cerca de 5.000 centros públicos o institucionales dependientes de la Generalitat.
Según lo que se ha publicado, Telefónica invertirá 677 millones de euros en el despliegue de esta red, durante los próximos 4 años. De todas formas, es evidente que una parte del despliegue y de la inversión de esta red ya está realizado, puesto que Telefónica dispone de una densa red de tendidos de fibra óptica en toda España y, desde luego, en Cataluña, donde reconoce disponer a finales de 2011 de 666.742 kilómetros de fibra, unos 40,000 kilómetros más que los 626.202 que tenía en 2010. Además, en los últimos dos años, Telefónica ha cableado con fibra casi toda la ciudad de Barcelona, que es donde, lógicamente, se ubicarán una buena parte de las dependencias autonómicas que debe conectar.
En cualquier caso se trata de una inversión importante y ad hoc, que creará una tupida malla de conexiones para todas las necesidades de la administración catalana.
A cambio, Telefónica cobrará 400 millones de euros, a razón de 40 millones por años durante 10 años.
La alegría de Telefónica. Independientemente de la importancia económica y comercial del contrato, que tiene mucha, da la impresión de que los responsables de Telefónica han debido quedarse finalmente con una grata sensación en el proceso catalán, y eso a pesar de la pérdida del contrato del móvil que Vodafone ha logrado a base de apretarse a tope las tuercas en los márgenes, aplicando una rebaja del 50% a los precios -para que luego digan que no hay competencia- que venía cobrando Movistar.
Pero lo que muchos consideran más importante es que el contrato para la construcción de la red de fibra óptica supone en último clavo en el ataúd con el que se entierra la nonata operadora catalana de telecomunicaciones.
La Xarxa, un anhelo intermitente del nacionalismo. Se trataba, en este caso, de un proyecto intermitente, que ha ido y venido tomando protagonismo en los despachos de la Generalitat a lo largo de los últimos veinte años, al capricho de las fuerzas políticas catalanas y de sus grados de desencuentro con los responsables de Telefónica.
Está claro, en cualquier caso, que el entusiasmo por esta suerte de telefónica catalana hubiera sido menor si no se hubiera contado con el ejemplo vasco -espejo de aspiraciones de la Generalitat para tantas cosas- y de su operadora "nacional" Euskaltel, que ha logrado un gran resultado en su competencia contra Telefónica. Es cierto que ese gran resultado es fruto de la combinación de la buena gestión de la operadora vasca y de la gran complicidad de todo tipo de instituciones públicas y privadas vinculadas al nacionalismo vasco. Y es que, para cualquier proyecto político nacionalista, existen algunas instituciones que su imaginario considera imprescindibles para constituir un estado viable. Y en plena época de la sociedad de la información, las telecomunicaciones son una de ellas. (Otra cosa es que, ahora, Euskaltel haya entrado en pérdidas debido a los 236 millones de indemnización que le ha pagado a France Télécom)
En cambio, el proyecto de la Euskaltel catalana fue desestimado en las últimas etapas de Pujol, pero el operador catalán volvió a la palestra durante los años del tripartito, en las legislaturas de Pasqual Maragall y José Montilla, empujado especialmente por los independentistas de Esquerra Republicana (ERC), que controlaron el área de tecnologías de la información de esas dos administraciones.
Al final, los problemas económicos obligaron a la Generalitat del tripartito a diseñar una solución bastarda, una red neutra o abierta (Xarxa Oberta) pero de titularidad pública, que llegase a todos los municipios de Cataluña. El problema es que la ambición de ERC se estrelló contra los problemas presupuestarios y el proyecto de una red pública dejó paso, en el tiempo de descuento de esa legislatura, en septiembre de 2010, a una mini-red construida por capital privado. Aquel concursito fue ganado por Mediapro y la canadiense Axia, para dar servicio a las Terres de L'Ebre, unos 288 municipios del sur de Tarragona.
Pero no crean que el proyecto murió allí, porque con la vuelta de CiU a la Generalitat, en noviembre de 2010, el asunto volvió a la palestra con declaraciones de responsables políticos convergentes que proponían, incluso hasta una fecha tan cercana como agosto del pasado año, extender la Xarsa Oberta a toda Cataluña. Pero sólo dos meses después, en octubre de 2011, el director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Carles Flamerich, reorientaba el proyecto, y aunque seguía bajo el paraguas semántico de la Xarxa Oberta, mostraba ya su verdadera naturaleza: una red construida por un operador privado, por la que la Generalitat pagaría por uso.
Eso es lo que se adjudicó a Telefónica a principios de agosto y lo que, en mi opinión, ha acabado de enterrar el proyecto de Euskaltel catalana, sin casi haber nacido. Porque, con la situación económica de emergencia que sufre y sufrirá España -y Cataluña- en el medio plazo, cuanto más tiempo pase en el proceso de completar la red que Telefónica le está construyendo a la Generalitat, va a ser más difícil que cualquier Administración autonómica futura justificase el coste de construir, ex novo, una red paralela con cargo al erario público, detrayendo recursos más necesarios en otros menesteres sociales, sólo para sustituir a Telefónica por una marca local. No parece probable que eso ocurra. De hecho, todo parece indicar que la Euskaltel catalana se va a llamar a partir de ahora Telefónica, o casi habría que decir TelefóniCat.
Cataluña, el quinto mercado mundial. Y el asunto no es baladí para Telefónica, porque la diferencia entre contar con la competencia de un operador "nacional" y no tenerlo resulta brutal, especialmente en mercados donde una parte de la población es nacionalista y puede adjudicar a Telefónica una etiqueta de "empresa española" que en ese contexto puede ser una percepción negativa para muchos usuarios, sobre todo si tienen una alternativa local a la que acudir.
Si alguien lo duda, basta repasar los datos de cuotas de mercado geográficas de la CMT, en las que se aprecia que la participación de Telefónica en el mercado de banda ancha fija a mediados de 2011 en Cataluña era 22 puntos superior a la que tiene en el País Vasco. Euskaltel tiene 17 puntos más de cuota que Telefónica en Vizcaya -el mercado más grande y con más competencia- y uno más en Guipúzcoa. Sólo en la provincia menos nacionalista de las tres, Alava, la presencia de Telefónica es superior a la del operador vasco. Y esta presencia en banda ancha fija se traslada también -aunque menos acusadamente, ya que en Cataluña, Movistar sólo aventaja a Euskadi en 6 puntos- al móvil, sobre todo por la creciente influencia de las ofertas convergentes de fijo-móvil, que permiten que la cuota de mercado en banda ancha fija se vaya trasladando al negocio móvil.
Y la defensa del mercado catalán para Telefónica es fundamental ya que es, con diferencia, el mercado más importante de España, puesto que en 2011 ha adelantado a Madrid. Para ponerlo en contexto, los 3.542 millones de euros que facturó la empresa que preside César Alierta en Cataluña en 2011, suponen bastante más que los 3.174 millones que obtuvo de toda Argentina (cuando Cataluña tiene 7,5 millones de habitantes, frente a los casi 41 millones de argentinos), lo que la hubiera convertido en 2011 en el quinto mercado mundial de la operadora española, por detrás de Brasil (14.326 millones de euros); España sin Cataluña (13.742 millones); Reino Unido (6.926 millones); y Alemania (5.035 millones).
Y, además, crece. Pero es que, además, crece. Nada menos que un 4,4% en 2011, un año muy malo para Telefónica en toda España, con unos ingresos que cayeron un 7,6% en el conjunto del país. En Euskadi, por el contrario, sus ingresos cayeron un 6,3% hasta 743 millones. Y esa tendencia -la importancia relativa que tiene Telefónica en el territorio y si es creciente o decreciente- se nota aún más cuando se compara su aportación al PIB autonómico. Mientras que en el País Vasco se reduce su presencia y ha pasado de representar el 1,19% del PIB vasco en 2010 al 1,12 en 2011, en Cataluña aumentó su peso desde el 1,71% de 2010 al 1,77 de 2011.
Lo dicho, a lo mejor Telefónica ha perdido la batalla de los móviles, pero sin duda ha vencido la guerra del "operador nacional" que, a medio y largo plazo, era lo más importante.
